Cuando las decisiones en salud se ven afectadas por los intereses de la industria
La gripe A (H1N1) o gripe porcina fue motivo de preocupación y pánico en el año 2009 cuando se extendió por el mundo y fue clasificada como una pandemia (por su distribución geográfica) por la OMS en junio del mismo año. Este virus causa síntomas similares a los de la gripe estacional como fiebre alta,dolores en el cuerpo, tos, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. También se vio la presencia de síntomas digestivos como vómitos y diarrea. En agosto de 2010 la OMS anunció el fin de la pandemia, 14 meses después y luego de haberle dado la vuelta al mundo. La pandemia tuvo una mortalidad baja, en contraste con su amplia distribución, dejando tras de sí unas 19.000 víctimas.
Desde 2002 a la actualidad y principalmente durante el transcurso de este alerta en el 2009 los gobiernos de todo el mundo han gastado fortunas en fármacos con el objetivo de enfrentar una eventual pandemia de Influenza. Se consideraba que durante las pandemias de gripe estos antivirales, (inhibidores de la neuroaminidas), tales como Tamiflu® (oseltamivir) de Roche y Relenza®(zanamivir) de GlaxoSmithKline (GSK),reducirían las complicaciones de la gripe como la neumonía y las hospitalizaciones, lo que condujo a invertir sumas ingentes en la compra de medicación para proveer a la población. Sin embargo la evidencia original presentada por los laboratorios a las agencias gubernamentales de todo el mundo para la aprobación de estos fármacos había sido incompleta y dudosamente verídica.
Un equipo internacional de investigadores con sede en Australia, Italia, Japón, Reino Unido y EE.UU., en colaboración con el Grupo Cochrane de Infecciones Respiratorias Agudas, extendió los las revisiones de los datos científicos y solicitó de forma insistente los datos no publicados por los laboratorios. Estos datos fueron negados en primera instancia pero finalmente, tras una larga campaña de presión en ámbitos académicos, institucionales y en los medios de comunicación, fueron facilitados.
Pudo constatarse que los reportes publicados en revistas científicas incluían una pequeña proporción de los datos existentes sobre la eficacia y la seguridad de estos fármacos.
Los nuevos hallazgos surgidos al evaluar toda esta información en conjunto, fueron publicados el 10 de abril de 2014 en la última actualización de la Revisión Cochrane sobre inhibidores de la neuraminidasa, y desafían el supuesto histórico de que estos fármacos son realmente eficaces contra la influenza.
La nueva revisión confirma pequeños beneficios en el alivio sintomático, como por ejemplo y en términos absolutos, acortar la duración promedio de los síntomas en sólo medio día (de 7 a 6,3 días).
Por otro lado, la evidencia no sustenta que reduzcan las internaciones o las neumonías confirmadas; y tampoco se encontró evidencia que sugiera que prevengan la propagación de la gripe de persona a persona.
Sin embargo, sí hay evidencia de los perjuicios a la salud vinculados con el uso de estos fármacos. Por ejemplo, los nuevos datos muestran que sólo necesitan tratarse 22 personas, para que ocurra un caso adicional de vómitos, 148 para un evento cardíaco, o 125 niños para desencadenar un evento adverso serio que obligue a suspender la medicación. Imaginemos la magnitud del daño si se extrapolara a millones de usuarios.
Frente a este nuevo cuadro de la evidencia, la relación riesgo/beneficio empeoró tan sustancialmente que resulta cuestionable mantener la misma política.
Organismos de salud pública, como el CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) deberían considerar la nueva evidencia y revisar sus recomendaciones. Si bien en el 2009 tal vez no se contaba con datos suficientes que hubiesen favorecido decisiones políticas en otra dirección, vale destacar que los responsables de las agencias de regulación reportaron haber estado bajo presión política para proporcionar una solución farmacéutica a la amenaza de una pandemia. Por su parte, la OMS informó haber sido influenciada por líderes de opinión pagados por la industria. Ante tales cuestionamientos a la independencia de criterio, surge la pregunta de si el sistema regulatorio actual de organizaciones nacionales y globales es adecuado para garantizar una toma racional de las medidas destinadas a la protección de la salud.
El “Tamiflugate” se gestó cuando un equipo de obstinados académicos decidió oponerse a una cómoda y peligrosa inercia de basarse en un estudio publicado en una prestigiosa revista y luchar hasta que la compañía cediera la titánica pulseada.
Tristemente, esta batalla tuvo lugar después de que los laboratorios se enriquecieran inmensamente con la compra masiva de inhibidores de la neuroaminidasa por parte de los gobiernos.
La buena noticia es que tras la batalla por el acceso a la evidencia del Tamiflu, algo ha cambiado para siempre, y si bien muchas cosas deberán seguir cambiando, los vientos por la búsqueda de la transparencia ya no podrán detenerse. Necesitamos que reguladores, legisladores y cuerpos profesionales exijan transparencia total. Necesitamos conocer la información que falta, y quienes la retienen aun.
Es un desafío de toda la sociedad oponerse a aquellos que ponen los intereses comerciales de empresas por encima de la salud de la comunidad en su conjunto.
Autor:
Agustín Ciapponi
Médico de Familia